Análisis de la economía actual 🔍 📊

Análisis de la economía actual - Luis M. Abajo Antón

Desde el principio de la pandemia se ha planteado la dicotomía entre salud y economía ya que las medidas que protegen la salud perjudican a la economía porque con ellas se aplican restricciones tanto de movilidad como de apertura de establecimientos. 

¿Cuál sería el término medio en donde el hecho de preservar la salud no suponga un deterioro económico? ¿Cuál de estos dos bienes a proteger debe predominar sobre el otro?

Es muy difícil pronunciarse sobre esta materia pero no hay más remedio que establecer unas pautas y poner de manifiesto unos criterios.

La pandemia no afecta por igual a todos los países, depende del tipo de industria que soporta su PIB. En el caso de España al carecer de una estructura industrial consolidada y depender en buena parte su economía del sector de los servicios (concretamente del turismo), las restricciones a la movilidad son letales para el mantenimiento de este tipo de economía.

Si a esto le añadimos un endeudamiento excesivo (producto de un gasto desmesurado en gastos corrientes) y no inversión, tendremos un panorama económico verdaderamente demoledor para la economía del país.

Tampoco las exportaciones ayudan a equilibrar la maltrecha balanza de pago ya que, debido a la pandemia, el comercio internacional ha visto muy recortado su margen de maniobra y aquellos países a los que van destinadas nuestras exportaciones también han sufrido contracciones en su economía lo cual repercute directamente en el sector industrial español.

Si a esto le añadimos una fuerte contracción de la demanda interna como consecuencia de la incertidumbre que sufren los consumidores (que les lleva a mantener unos niveles de ahorro muy superiores a los de tiempo normal), hace que el consumo interior tampoco pueda tirar de la economía y compensar de alguna manera la baja de la demanda exterior.

Si analizamos el porvenir a corto plazo vemos que ninguno de estos escenarios va a mejorar de forma sustancial y es muy probable que suceda todo lo contrario (ya que la segunda ola del coronavirus parece ser más importante y letal que la primera).

Un estado de alarma de seis meses (que estoy convencido es inasumible mantener durante tanto tiempo, pero aunque sólo durara tres o cuatro meses, el daño a las perspectivas de futuro ya estaría hecho) que ni favorece la llegada de inversión extranjera ni favorece que los negocios internos que se ven afectados por estas medidas vayan a sobrevivir (ya que los propietarios de los mismos no ven un horizonte definido siquiera a medio plazo para poder tomar medidas de resistencia que les permita mantener sus negocios vivos a la espera de un tiempo mejor).

Es un tiempo difícil en el que es imprescindible asumir un incremento de gasto público muy importante si se quiere mantener el entramado productivo (sobre todo en los sectores más afectados) y potenciar aquellas actividades que sirvan para diversificar nuestra economía y evitar que se encuentre, en el futuro, con un problema de monocultivo.

Desgraciadamente el nivel y la capacidad de endeudamiento del Estado español en deuda pública es ya muy escasa ya que estamos en el 124% sobre PIB. Y ya no se trata de no endeudar más a nuestros hijos o a nuestros nietos, es que no vamos a tener opción de acudir a unos mercados de deuda que van a pedir garantías de devolución con intereses que hasta ahora han sido negativos, pero que si seguimos en esta senda será muy positivos… 

¿Qué papel cumple la Unión Europea en este concierto de ayudas a la liquidez en los momentos de la pandemia?

A España le han correspondido de las ayudas europeas un total de 140.000.000.000 € de los cuales 64.000 millones nos los da la Unión Europea a fondo perdido, es decir, sin necesidad de su reintegro. Y sobre todo del control sobre los gastos que amparan esos 64.000 millones.

Pero los otros 70.000.000.000 € no son a fondo perdido sino que es un préstamo que habrá que devolver en años venideros y que supone que los gastos que ampare esta nueva remesa si pueden ser controlados de forma estricta por la Unión Europea. Cosa que parece no ha gustado al gobierno español y ha renunciado a los mismos momentáneamente, pensando que si acude al mercado de deuda, ahora que los tipos son negativos, podrá obtener esos 70.000 millones sin necesidad de que una entidad supranacional controle el destino de los mismos.

Pero a mi juicio se equivoca ya que ahora mismo la deuda tiene interés negativo porque es el Banco Central Europeo el que compra y el que de alguna manera es garante de la devolución de la misma, pero ya ha avisado que si no se aceptan los 70.000 millones dejará de comprar deuda pública española y sobre todo de garantizar la misma en los mercados de deuda.

Esto implicaría que sin el paraguas protector del Banco Central Europeo el interés subiría como la espuma y no sería rentable acudir a este método de financiación (no tendríamos capacidad de devolver la deuda y no nos lo otorgarían a muy largo plazo).

Los 64.000 millones no vendrían de golpe sino en tres o cuatro años, lo cual el efecto dinamizador de la economía durante los dos primeros años (que es cuando verdaderamente se va a necesitar) va a ser muy inferior a las necesidades reales de la misma.

¿A dónde redireccionar los gastos?

Una vez expuesto el escenario, no podemos abandonar la exposición de este artículo sin tratar de apuntar cuál sería, a nuestra modesta opinión, algunas de las medidas que deben adoptarse y que hubiera sido deseable se hubieran contemplado en los Presupuestos Generales del Estado.

Hay gastos que en estos momentos de pandemia son de obligado cumplimiento y que obligará a un esfuerzo económico muy superior al destinado para esos sectores en años de normalidad. Pueden ser: el gasto sanitario, el gasto en los ERTES, el Ingreso Mínimo Vital…  

Pero esto ya se sabe, ahora lo importante es saber adónde redireccionar los otros gastos del Estado de manera que sean motor de la economía: en el mantenimiento de las empresas (sobre todo medianas y pequeñas afectadas por la crisis) y estableciendo las bases que permitan crear en el futuro un tejido industrial y empresarial más diversificado.

Este incremento en los gastos del Estado debe llevar aparejado incremento de los ingresos que sostengan dichos gastos. ¿Cómo aumentar los ingresos y a dónde llevar ese excedente de ingresos?

La pregunta no es sólo cómo aumentar los ingresos sino cómo aumentarlos sin que produzcan un efecto contrario en la economía que se pretende revitalizar.

Es decir, si ahogamos el tejido empresarial (sobre todo a pequeñas y medianas empresas) con una tributación confiscatoria, lo único que conseguiremos es hacer desaparecer esa parte de tejido empresarial que en España es esencial de momento para el incremento del PIB.

Si ustedes recuerdan que ocurrió en Alemania cuando cayó el muro de Berlín, sabrán que la República Federal alemana decretó un impuesto para todo ese territorio (tanto de personas físicas como de sociedades) para destinarlo a la recuperación de la Alemania Oriental. Esto se llama solidaridad.

Pues bien, se han alzado las voces diciendo que en estos momentos no debe de producirse incrementos en la fiscalidad. Y yo pregunto: sin esos incrementos en la fiscalidad, ¿cómo podríamos allegar los recursos necesarios para los gastos que se avecinan?

Se trata pues de que los incrementos de fiscalidad se dirijan a aquellos sectores no esenciales en la vida de los ciudadanos y de las empresas del país.

Pondré un ejemplo: si subimos el impuesto de sociedades a todas las sociedades cinco puntos se producirá un efecto totalmente contrario a lo que se pretende, ya que una subida de cinco puntos a una empresa en concurso de acreedores no permite recaudación alguna.

El gobierno ha optado por una medida que es la tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades de las grandes empresas (ahora habría que definir el concepto de gran empresa, parece ser que hablan de empresas de Ibex), si este impuesto pudiéramos dar el carácter de

solidaridad durante tres o cuatro años y que a finales del 2024 se revisara de nuevo, lo que haría sería que las grandes empresas asumirían en su fiscalidad un incremento destinado a las pequeñas y medianas empresas.

El impuesto conocido como el Google y la tasa Tobin desgraciadamente apenas van a tener repercusión en el erario público y la escasa repercusión sólo durará el tiempo necesario para que las empresas tecnológicas huyan de este país. En cuanto a la tasa Tobin, impuesto de escasísima recaudación, lo que va a producir es una huida de los inversores en bolsa en mayor proporción que el impuesto que se vaya recaudar.

El impuesto sobre las bebidas refrescantes que contengan azúcar va a ser de muy escasa incidencia.

Y del único que se espera una recaudación medianamente decente en proporción a su tipo impositivo es el de los plásticos no reciclables.

Ya hemos visto que el gobierno ha reculado en cuanto al impuesto sobre el diésel que este sí tendría perspectivas de haber obtenido una recaudación, siempre en comparación impositiva, más jugosa que los otros.

Se necesita más dinero y la pregunta sería ¿qué otros impuestos pueden tocarse sin causar un verdadero destrozo en la economía española?

A mi juicio, tenemos los impuestos especiales sobre el alcohol, los productos intermedios a la cerveza y las bebidas derivadas más baratos de toda Europa; subirlos ligeramente no produciría una hecatombe social y la recaudación sería importante y sobre todo sencilla.

Pero el caballo de batalla está en el recorte de gastos no esenciales y para ello no hay más remedio que seleccionar esos gastos.

1. Subvenciones públicas a organismos no productivos.
2. Reducción progresiva de la oferta de empleo público.
3. Congelación de subidas de sueldos públicos y pensiones.
4. Eliminación de duplicidades administrativas, organismos duplicados en el Estado y las autonomías.
5. Reducción drástica de altos cargos y asesores en la administración tanto autonómica como estatal.

Hoy día, con la revitalización del trabajo telemático y la cobertura casi total de Internet en España, una medida para ahorrar sería la centralización en unas pocas oficinas virtuales de todos los trámites administrativos que no requieran de una presencia física ineludible y que esas oficinas telemáticas dieran cobertura a la totalidad del Estado, tanto en su vertiente de la administración Central como autonómica y local.

También una oficina de centralización de todas las compras de materiales desde sanitarios a industriales que efectúe el Estado y las autonomías y ayuntamientos, lo que permitiría un ahorro de costes por el volumen unitario de las compras.

Todo el ahorro debería dirigirse a los canales prioritarios:

• Proporcionar liquidez a los sectores más afectados para asegurar su supervivencia.
• Prolongación de los ERTES al menos hasta el 1 de junio de 2021.
• Ayudas económicas a los sectores más afectados por la crisis de forma que el 50% sea a fondo perdido y el otro 50% a pagar en al menos tres años a partir del 1 de enero de 2022.
• El estado puede avalar los alquileres de los locales en el tiempo que dure el cierre por la pandemia y por un periodo de devolución de tres años.

Desgraciadamente, no hay una fórmula mágica, pero esta pandemia sí nos debe servir para reflexionar sobre el modelo de estructura económica de España.

Sin perder de vista un sector tan importante como el turismo, es imprescindible que la inversión se dirija hacia sectores industriales menos proclives a verse afectados por una crisis mundial de movilidad y seleccionar un modelo productivo más diversificado y menos sujeto a avatares como el que estamos sufriendo.

Y para ello es imprescindible analizar en qué sectores podríamos ser más competitivos que nuestros vecinos y volcar en ellos buena parte de las inversiones. que no tienen por qué ser públicas en su mayoría, sino crear un marco fiscal y administrativo propicio a la inversión extranjera que permita atraer capitales para iniciar una nueva vía de reindustrialización.

Artículo escrito por Don Luis Miguel Abajo Antón