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Compliance penal

Compliance penal

El compliance penal o programas de cumplimiento son una serie de herramientas preventivas que persiguen evitar infracciones penales (sanciones o daño reputacional) como consecuencia del incumplimiento del marco normativo que pudieran generar responsabilidad para una empresa. 

El Código Penal establece que las personas jurídicas pueden cometer 24 delitos diferentes, como estafa, blanqueo de capitales, cohecho, insolvencia punible o tráfico de influencias, entre otros. El Compliance Penal surge precisamente para prevenir desde dentro de las personas jurídicas la comisión de estos delitos.

Regulación

El compliance penal se regula en el artículo 31 bis del Código Penal, situado en el Título II (de las personas criminalmente responsables de los delitos), y ha pasado de ser una opción voluntaria a un requisito a integrar dentro de la estrategia y estructuras internas:

En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables: 

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. 

Un sistema preventivo de compliance penal sirve como aval de cara a terceros, demostrando que la empresa cumple tanto con la legalidad como con las buenas prácticas del sector.

Funciones de un departamento de cumplimiento

  • Identificación: Identificar los riesgos a los que se enfrenta una empresa y asesorar sobre ellas.
  • Prevención: Diseñar e implementar controles para proteger a una empresa de esos riesgos.
  • Vigilancia y detección: Monitorear e informar sobre la eficacia de los controles de la exposición de las empresas a riesgos.
  • Resolución: Resolver las dificultades de cumplimiento según se vayan dando.
  • Consultivo: Asesorar a la empresa sobre las normas y los controles.

Penas de posible imposición a la empresa

  • Multa por cuotas o proporcional.
  • Disolución de la persona jurídica.
  • Suspensión de las actividades de la empresa por un plazo inferior a cinco años.
  • Clausura de locales y establecimientos por un plazo también inferior a cinco años.
  • Prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto un delito.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas.
  • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.

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